41. El Estado parte debería adoptar urgentemente medidas efectivas para: a) Asegurar una protección efectiva a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros, que sean objeto de actos de violencia e intimidación; b) Multiplicar los programas de capacitación y educación sobre la importancia de la libertad de expresión, asociación y reunión, dirigidas a los agentes del orden, militares, personal de las empresas de seguridad privadas, jueces y fiscales; c) Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques, y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados de acuerdo con la gravedad del crimen y que las victimas reciban reparación integral; d) Establecer un mecanismo para asegurar que los actos de violencia y las amenazas contra los defensores de derechos humanos sean debidamente investigados y que no sean tratados como crímenes comunes; considerar la introducción de un protocolo en la oficina del Fiscal General para la investigación de tales crímenes; y extender la jurisdicción de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos para incluir los crímenes perpetrados por las personas privadas; e) Considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada; f) Recopilar datos desglosados sobre los ataques y asesinatos de los que son víctimas los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.