35. El Comité reitera sus recomendaciones previas y exhorta al Estado parte a a) Asegurar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de todas las alegaciones de desaparición, incluyendo las desapariciones forzadas, cumpliendo con la debida diligencia en todas las etapas del proceso, y garantizar que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados responsables, sean sancionados con penas apropiadas. b) Fortalecer la capacidad institucional de las entidades a cargo de la investigación y persecución penal de la desaparición forzada, incluyendo la Sección de Desapariciones Forzadas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, asegurando coordinación intrainstitucional e interinstitucional y que cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios. c) Asegurar estrategias de investigación integral y que se elaboren los análisis de contexto en los procesos de búsqueda y de investigación, a fin de facilitar la determinación de responsabilidades en la cadena de mando y establecer estrategias efectivas de procesamiento de los casos. d) Garantizar la participación de toda persona con un interés legítimo, incluyendo los familiares, allegados, y representantes legales de las personas desaparecidas, en las investigaciones y en todas las etapas procesales, y vele por que sean regularmente informados acerca de la evolución y resultados de las mismas. e) Asegurar que cualquier agente del Estado, civil o militar, sospechoso de haber cometido un delito de desaparición forzada, no esté en condiciones de influir en el curso de las investigaciones. f) Garantizar que las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas colaboren con las investigaciones de desaparición forzada, compartiendo información y facilitando el acceso a instalaciones militares.