45. El Comité recomienda al Estado parte que: a) Mejore el estado de los centros de reclusión de mujeres de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), y aborde el problema del hacinamiento en los centros de detención, ofreciendo alternativas a la detención con el fin de reducir el elevado número de mujeres detenidas en prisión preventiva; b) Garantice que las mujeres privadas de libertad y los niños que las acompañan tengan un acceso adecuado a alimentación, tratamientos médicos y productos de higiene, y proporcione un entorno adecuado, actividades recreativas y educativas y privacidad a las mujeres detenidas, incluidas las que están embarazadas, las que están acompañadas por sus hijos y las mujeres con discapacidad; c) Garantice que las mujeres puedan presentar denuncias confidenciales en caso de violencia sexual, intimidación, acoso y conducta abusiva cometidos por parte de los guardias y el personal de supervisión en los centros de detención, que dichas denuncias se investiguen de forma rápida, independiente e imparcial, y que los autores sean procesados y castigados adecuadamente; d) Lleve a cabo una investigación independiente sobre las muertes violentas de las mujeres detenidas durante el motín de la prisión y otros incidentes en el Centro Penitenciario Nacional de Adaptación Social de la Mujer, en Támara, Francisco Morazán en 2020, lleve a los responsables ante la justicia y brinde una reparación adecuada a los supervivientes de las mujeres fallecidas; y, e) Recopile datos sobre las mujeres privadas de libertad desglosados por edad, grupo étnico, discapacidad, nacionalidad, ubicación geográfica y origen socioeconómico.