43. Recordando sus recomendaciones generales núm. 34 (2016), sobre los derechos de las mujeres rurales, núm. 37 (2018), sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, y núm. 39 (2022), sobre los derechos de las mujeres y las niñas Indígenas, el Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/HND/CO/7-8, párr. 43), y recomienda que el Estado parte: a) Garantice que las actividades económicas, como la explotación forestal, el desarrollo, la inversión, el turismo, las actividades extractivas, la minería y los programas de mitigación y adaptación climáticas y los proyectos de conservación en territorios Indígenas y áreas protegidas, se lleven a cabo únicamente con la participación efectiva de las mujeres Indígenas, respetando plenamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado y llevando a cabo procesos de consulta adecuados; b) Prevenga, aborde, sancione y erradique todas las formas de violencia por razón de género contra las mujeres y niñas rurales e Indígenas, incluida la violencia ambiental, espiritual, política, estructural, institucional y cultural que son atribuibles a las industrias extractivas; y garantice que las mujeres y las niñas Indígenas tengan un acceso oportuno y efectivo a los sistemas de justicia tanto no Indígenas como Indígenas, incluidas las órdenes de protección y los mecanismos de prevención cuando sea necesario, y la investigación eficaz de los casos de mujeres y niñas Indígenas desaparecidas y asesinadas libre de toda forma de discriminación y sesgo; c) Prevenga, investigue y sancione todas las formas de violencia política contra las políticas, candidatas, defensoras de derechos humanos y activistas rurales e Indígenas, a nivel nacional, local y comunitario, y reconozca y respete las formas ancestrales de organización y elección de representantes.