25. El Comité alienta al Estado parte a que refuerce los mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de informes al Comité así como en el seguimiento e implementación de las presentes recomendaciones, con atención a las Directrices contra la intimidación o las represalias (Directrices de San José). Asimismo el Comité recomienda al Estado parte que: a) Facilite a las organizaciones de la sociedad civil su trabajo con trabajadores migratorios, estén en situación regular o irregular, cuando su fin sea brindar ayuda humanitaria, protección de derechos y asistencia social al trabajador migrante y sus familiares, en el marco de la Convención, así como mantener una comunicación fluida entre el Estado parte y la sociedad civil para mejorar sus labores de protección de los derechos humanos; b) Haga participar sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de hondureños en el exterior, en la aplicación de la Convención y de las políticas de migración, laborales y otras políticas relativas a la Convención. Asimismo, el Comité recuerda al Estado parte que los defensores de los derechos humanos merecen protección especial porque su labor es fundamental para promover los derechos humanos de todas las personas, incluidos los trabajadores migratorios y sus familiares. Por consiguiente, el Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que garantice la plena eficacia de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y su Reglamento, a través de medidas inmediatas para que los periodistas, los defensores de los derechos humanos y todas las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión sin amenazas ni hostigamiento, así como cualquier otra actividad de promoción y defensa de los derechos humanos. El Comité insta al Estado parte a que vele por que los casos denunciados de intimidación y hostigamiento de defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil se investiguen sin demora y de manera independiente, se haga rendir cuentas a los responsables de tales abusos y se garantice de manera efectiva su vida e integridad física.