19. El Comité insta al Estado parte a: a) Diseñar y adoptar, en consulta con los pueblos indígenas y afrohondureños, un procedimiento y metodología adecuados que permitan garantizar el derecho que tienen a ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos, con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, que además tome en cuenta las tradiciones y características culturales de cada pueblo; b) Previo a la discusión y adopción del proyecto de ley relativo a la consulta previa que se encuentra actualmente en el Congreso Nacional, llevar a cabo una revisión exhaustiva del contenido del referido proyecto de ley a la luz de los estándares internacionalmente reconocidos y garantizando la participación activa, plena y transparente de todos los pueblos indígenas y afrohondureños; c) Garantizar que se respete debidamente el derecho que tienen los pueblos indígenas y afrohondureños a ser consultados con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado en cuanto a la realización de proyectos de desarrollo económico, energéticos, turísticos, de infraestructura y explotación de recursos naturales que puedan afectar sus territorios y recursos, asegurando que tales consultas se lleven a cabo de manera sistemática y transparente con la debida representación de los pueblos afectados; d) Sin perjuicio de la reglamentación que se proyecta, garantizar el derecho a la consulta previa en los términos previstos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como otros estándares internacionalmente reconocidos; e) Tener debidamente en consideración las recomendaciones realizadas por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa.