Su mandato principal es administrar procesos electorales limpios, transparentes y confiables, promoviendo la participación ciudadana y garantizando la voluntad del pueblo, a fin de fortalecer el sistema democrático hondureño.

Entre sus funciones y atribuciones más destacadas se encuentran:

• Organizar, dirigir, administrar y supervisar todos los procesos electorales, incluyendo elecciones primarias y generales.

• Convocar a elecciones primarias y generales, así como a plebiscitos, referéndums o consultas ciudadanas ordenadas por el Congreso Nacional.

• Aprobar el registro de partidos políticos, movimientos internos, alianzas, fusiones, precandidatos y candidatos, así como la inscripción de candidaturas independientes.

• Elaborar el censo nacional electoral y emitir la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

• Emitir los reglamentos, instructivos y resoluciones necesarios para la aplicación de la Ley Electoral.

• Capacitar a los integrantes de los organismos electorales (como las Juntas Receptoras de Votos).

• Conocer y resolver sobre las acciones de nulidad administrativa contra actos ejecutados por las Juntas Receptoras de Votos y los escrutinios practicados por estas.

• Aprobar y ejecutar programas de fomento de principios y valores cívicos y democráticos.

• Asistir a los partidos políticos en el desempeño de sus procesos electorales internos.

• Supervisar y auditar el financiamiento de los partidos políticos.

Es importante destacar que el CNE es un órgano autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación con los demás Poderes del Estado. Trabaja en conjunto con el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el cual se encarga de las acciones y procedimientos jurisdiccionales en materia electoral.

Somos el órgano que administra procesos electorales limpios, transparentes y confiables; promoviendo la participación de la ciudadanía y garantizando la voluntad del pueblo, a fin de fortalecer el sistema democrático hondureño.

Ser un órgano independiente, técnicamente actualizado, capaz de celebrar procesos electorales confiables y creíbles, que garantizan el respeto de la soberanía y voluntad de los ciudadanos.