I. Derogar en lo que procede el Código Penal de la Impunidad: 1. Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; 2. Ley para la clasificación de documentos públicos; 3. Ley de seguridad poblacional; 4. Determinar la temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público; 5. Reserva de información de MI AMBIENTE; 6. Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales; 7. Ley Orgánica del Congreso; 8. Ley de escuchas, todas aprobadas en la llamada hemorragia de leyes de enero del 2014.
II. Instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad.
III. Realizar una investigación forense a fondo con extensa participación de ciudadanía organizada de todos los actos de corrupción y violación a los derechos cometidos por distintos órganos del Estado, para determinar la culpabilidad y las responsabilidades correspondientes.
IV. Estableceré, promoveré y consolidaré, en costumbre, una Ética Pública de Probidad, Integridad y Honestidad, como compromiso de transparencia, ético, humano y moral personal con y al servicio del pueblo.
V. Actualizar la legislación vigente en la materia para garantizar un compromiso con el “Servicio Público”, especialmente una Ley del Reclutamiento, selección, profesionalización, ascenso, reconocimiento y remoción de los empleados y funcionarios sobre la base de mérito, capacidad, compromiso y actuación apegada a Ley.
VI. Instituir una Reforma integral al sector público en donde se establezca la acreditación de competencias de los y las servidoras públicas. La contratación de personas sin competencias para sus cargos es un acto inmoral de ambas partes.
VII. Reformar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el propósito de quitar los estorbos que les han puesto y fortalecer la intervención ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública nacional.
VIII. Potenciar la participación de la sociedad en el control social de la gestión pública impulsando la realización de auditorías sociales formales tanto a nivel sectorial, local como nacional cuyas recomendaciones tengan carácter vinculante. Se facilitarán los instrumentos necesarios y apropiados para la gestión conjunta del pueblo-gobierno en los programas y proyectos sociales productivos, comunitarios.
IX. Auditar todos los fondos públicos, especialmente subsidios, asignados y erogados por la presidencia de la República y el Congreso Nacional.