10.1. En materia de Estado Abierto y República Digital, proponemos:
I. Establecer el gobierno digital abierto es una plataforma primordial para modernizar el Estado al proveer herramientas tecnológicas para garantizar acceso del ciudadano a la información pública. Y al invitar a la institucionalización de esos accesos en los municipios podría crear un sistema nacional de interoperabilidad de la Administración Pública que agilice los procesos de trámites gubernamentales y reduzca el costo del gobierno y del usuario
II. Realizar una auditoria forense a la Administración Pública, para reformular y/o derogar todo Contrato o Ley lesiva y contraria a estándares de Derechos Humanos que atenten contra la transparencia, libertad de expresión, acceso a la información pública y participación ciudadana. Como el Art. 287 de la constitución y la Ley Especial de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Decreto 239-2011), cuya derogación es necesaria para recuperar la separación de los tres poderes de Estado.
III. Fomentar en El Congreso un Sistema Digital de Transmisión de Fuente Abierta de las Funciones Legislativas en Tiempo Real, que permita el escrutinio público en la creación de leyes, transparentando la redacción de proyectos de Ley, sus cambios durante la sesión legislativa y la participación de las y los diputados en todo el proceso.
IV. Convocar a Asambleas Ciudadanas para organizar la influencia del pueblo soberano, formalizando su participación directa en las políticas públicas municipales a través de mecanismos digitales y personales.
V. Promover la Agenda Abierta donde cada institución de los tres poderes del Estado publicará, a través de sus plataformas, la actividad de sus autoridades, además de la agenda de reuniones y eventos institucionales, donde se detalle los temas a discutir y las personas que asistirán.
VI. Enfatizar la Auditoria Social como proceso de participación ciudadana, orientada al mejoramiento de los procesos de transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública.
VII. Promulgar en Ley el Presupuesto Municipal Participativo donde la ciudadanía en conjunto con sus autoridades locales, decidirán de forma vinculante la asignación de recursos públicos para diferentes proyectos municipales, priorizando una distribución equitativa para los grupos históricamente olvidados. Se realizarán asambleas comunales para la recolección de propuestas y se impulsará a la juventud de 13 a 25 años a ser parte del presupuesto participativo joven. Tener más participación en el presupuesto garantiza transparencia dentro del gobierno y permite que las sociedades civiles tengan más impacto dentro de sus propias comunidades y se empoderen de y propaguen la importancia del compromiso cívico.