El derecho a la vida, integridad y libertad personal cobra una relevancia aún más urgente debido a los desafíos sociales y políticos que enfrenta el país. La violencia, la inseguridad, la impunidad y la falta de acceso a servicios básicos como la salud son algunos de los factores que afectan directamente el ejercicio de estos derechos para la población hondureña.

La Constitución de la República protege estos derechos, sin embargo, en la práctica, las altas tasas de violencia, especialmente en las zonas urbanas y rurales marginadas, ponen en riesgo la garantía de estos derechos. Los homicidios, extorsiones y otros actos de violencia afectan a miles de personas cada año, y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades a menudo agrava la situación.

Artículo 59 de la Constitución de la República, establece que "la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado.

Artículo 65 de la Constitución de la República, establece que el derecho a la vida es inviolable.

Además, el narcotráfico, la presencia de pandillas y los conflictos territoriales entre grupos armados ilegales también contribuyen a la vulneración del derecho a la vida en muchas comunidades. La impunidad que existe en muchos casos dificulta que los responsables sean llevados ante la justicia, lo que deja a las víctimas y sus familias sin protección ni reparación.

Instrumentos Internacionales que protegen el Derecho a la Vida, Integridad y Libertad Personal:
-Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): Esta declaración, adoptada por la ONU en 1948, establece los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la integridad física.
-Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): Este tratado, adoptado en 1969, establece los derechos humanos en el continente americano, incluyendo el derecho a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5) y la libertad personal (artículo 7).
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): Este pacto, adoptado por la ONU en 1966, establece los derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a la vida (artículo 6).

Derecho a la Integridad Personal
El derecho a la integridad personal, fundamental para la dignidad humana, garantiza que nadie sea sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a penas que violen su cuerpo o mente. Este derecho protege la salud física y mental, así como la libertad de la persona.

En Honduras este derechos se ve comprometido, a pesar que el país ha ratificado varios tratados internacionales en este ámbito, como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, existen casos documentados de abusos por parte de las fuerzas de seguridad (policía nacional y fuerzas armadas), así como violencia contra grupos colocados en situacion de vulnerabilidad, como defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos originarios y afrohondureños.

La violencia de género es un grave problema en Honduras, donde las mujeres y personas LGBTIQ+ enfrentan una alta tasa de muertes violentas, agresiones físicas, sexuales y violencia estructural. A menudo, las víctimas no encuentran justicia debido a la falta de eficacia en los sistemas judiciales y la impunidad prevalente.

Artículo 68 de la Constitución de la República: expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Derecho a la Libertad Personal
-El derecho a la libertad personal es un derecho fundamental que garantiza que nadie pueda ser privado de su libertad física sin un debido proceso legal. Este derecho se refiere a la capacidad de una persona para moverse libremente, tomar sus propias decisiones y organizarse individualmente o socialmente según sus propias convicciones.
-La libertad personal es un pilar fundamental de la democracia y el estado de derecho, que permite a los individuos vivir en una sociedad justa y perseguir sus propios sueños y aspiraciones.
-Las detenciones arbitrarias son una preocupación, especialmente en el contexto de las protestas sociales, como las relacionadas con la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos originarios y afrohondureños. En estos casos, las personas detenidas no siempre tienen acceso a un juicio justo ni a la asesoría legal necesaria, lo que vulnera su derecho a la libertad y al debido proceso.
Artículo 69 de la Constitución de la República: explica que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.

-Artículo 84 de la Constitución de la República: establece que nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley.

Desafíos en la Realidad hondureña
-Violencia e Impunidad: La violencia generalizada, especialmente los crímenes organizados y el narcotráfico, ha provocado una violación sistemática del derecho a la vida, integridad y libertad personal.Además, la debilidad institucional, el acceso a la justicia, debido a la corrupción en las instituciones judiciales y policiales, impide que muchas personas ejerzan sus derechos de manera efectiva. Las víctimas de violaciones de derechos humanos no reciben reparación ni justicia.
-En Honduras los derechos fundamentales referentes a la vida, integridad y libertad personal se encuentran enmarcados y sustentados bajo ley, sin embargo habrá que considerar la efectividad en la aplicación de la misma, tomando en cuenta que los factores de la violencia e impunidad se siguen manifestando y generando una barrera en el acceso a la justicia. Las instituciones y autoridades competentes en el tema tienen la obligatoriedad de garantizar el respeto a estos derechos, a su vez, generar los mecanismos pertinentes para transformar los problemas presentados a nivel estructural para mejorar en temas de seguridad ciudadana, corrupción e impunidad aún persistentes en el sistema de justicia nacional.